Fuente: Agencia EFE, vía Infobae
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha presentado un proyecto de real decreto que endurece los requisitos de presencialidad en los ciclos de FP que se imparten a distancia o en modalidad semipresencial. La modalidad virtual deberá incluir entre un 15% y un 39% de actividad presencial obligatoria, mientras que la semipresencial deberá situarse entre el 40% y el 60%.
Lo más importante
- Ratio máxima de 50 estudiantes por docente en formación virtual (con un calendario transitorio: 80 en el curso 2028-2029, 65 en 2029-2030 y 50 a partir de 2030) y de 25 en modalidad presencial.
- Los centros deberán acreditar cada cuatro años una relación "suficiente, estable y adecuada" con empresas para las prácticas; si no lo hacen, podrán perder la autorización, aunque las comunidades autónomas deberán garantizar la reubicación del alumnado ya matriculado.
- Se plantea excluir de la oferta de FP online a universidades con ánimo de lucro, para evitar la competencia desleal con los centros de FP reglada.
- Distribución extraordinaria de 107 millones de euros, acordada en la Conferencia Sectorial, para formar a trabajadores en centros públicos.
El texto entrará en información pública antes de su aprobación prevista por el Consejo de Ministros antes de que termine el año. La ministra Milagros Tolón ha defendido que la norma "no va contra la FP privada", sino que busca reforzar la calidad de todos los centros.
Qué significa esto para ti?
Si tu centro oferta o está valorando ofertar FP semipresencial o virtual, conviene revisar desde ya la ratio docente-alumnado y la documentación que acredite los convenios con empresas, porque de aprobarse el decreto en los términos actuales, ambos requisitos serán de obligado cumplimiento. Los equipos directivos deberían también seguir el trámite de información pública por si procede presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva.
¿Cuándo entraría en vigor el nuevo decreto?
El proyecto está en fase de información pública. Antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, prevista para antes de que acabe 2026, deberá recibir alegaciones, informes del Consejo Escolar del Estado y del Consejo General de la FP, y un dictamen del Consejo de Estado.
